Del caso de la condena en primera instancia al Arzobispo de Granada y de la propia experiencia de su contencioso con los funcionarios diocesanos por un asunto de protección de datos, ha tomado pie el autor para hacer esta reflexión que concluye con la esperanza de que la ley común laica vaya alcanzando a las actuaciones de la Iglesia.

Es el primer caso, se dice, en que un clérigo, arzobispo nada menos, el de Granada, es condenado por un delito, demasiado grave para la exigua sanción, por lo demás.. Ello mismo es sorprendente, que por estar aforados desde siempre, por reivindicar su propio foro independiente, los clérigos hayan podido casi siempre escaquearse como ciudadanos de los tribunales de justicia. Por eso es un escándalo que esté siendo tan lenta la laicización del estado. Se empieza a poner un dedo en la llaga, con éste y otros casos, de la aberración jurídica hacia dentro de la iglesia (ver el último libro de Castillo sobre iglesia y derechos humanos) y hacia fuera. Pero no nos engañemos, la iglesia consiente en someterse a la ley civil porque no le queda otro remedio, no por convicción.

La iglesia se tiene por “sociedad perfecta”, es decir, autosuficiente y autónoma en todos los ámbitos, llegando como sabemos en el pasado a disponer de la coacción civil (el “brazo secular”) para castigar a sus disidentes, allí donde ella misma no tenía poder directo de coacción a diferencia de los estados pontificios. La razón principal, aunque no única, del estado vaticano no es otra que asegurar la inmunidad del papa en su calidad de jefe de estado. Esta misma convicción inveterada de independencia de foro explica la política del papa y de los obispos de ocultar y proteger a los curas pederastas de la jurisdicción civil.

La iglesia no se ha ‘convertido’ a la democracia, la niega dentro de casa y la manipula fuera. Y la soslaya siempre que puede, en todos los ámbitos.

Uno de estos es el de tantos cristianos que están gestionando darse de baja en la iglesia, en no pocos casos por fidelidad al evangelio, como gesto simbólico complementario de aquellos que prefieren más bien dar la batalla intra muros. Dos meses llevo, precisamente a este propósito, carteándome con la curia diocesana para cursar baja en los ficheros diocesanos. [Vésase la Correspondencia con la diócesis de Calahorra]. Sin éxito. Según la política eclesiástica desde que han surgido estas demandas las autoridades se han negado a ello rotundamente o han exigido un acto previo de apostasía formal. Es lo que me están exigiendo. Y se pasan por el arco de triunfo la Ley de Protección de Datos Personales que nos ampara y la reciente (10 oct. 07) sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón contra el Arzobispado de Valencia a un sacerdote que se había acogido a la Agencia de protección de datos. Pese a estos hchos, el vicario episcopal de curia se acaba de negar a mi petición y lo hace con recochineo “puede ud. recurrir, si lo desea, a la Agencia de Protección de Datos” (carta de 10 de diciembre). Seguiré, por descontado, adelante.

Son tan cerriles estos señores clérigos que son incapaces de distinguir entre un hecho externo administrativo –cursar baja en un fichero– que es lo que pido y el hecho interno religioso como es la apostasía que es a lo que me niego. Y sospecho que ello se debe en el fondo a que confunden estructuras institucionales –lo que llamamos Institución– con la pertenencia al Pueblo de Dios. Para ellos la Iglesia es la estructura pura y llanamente.

En este forcejeo –que va para largo- entre el pensamiento religioso oficial y el crítico de los cristianos libres se esconde, por otra parte, la resistencia antes señalada a aceptar el debido sometimiento a leyes y jueces civiles por parte de la jerarquía eclesiástica.

Pero…¡santos cielos! Si ahora va a resultar que, como en el caso de Granada, los cristianos estamos de enhorabuena al poder contar con que el estado nos proteja de la iglesia! Porque ¡mira que si hubiéramos vivido todavía en tierras de Inquisición! Decididamente la laicización es una suerte. Y Benedicto XVI la teme.