Dos teólogos y miles de católicos que hay detrás opinan sobre la actitud beligerante de los que se dicen representantes de la iglesia española y que tergiversan hipocritamente leyes que amplían derechos civiles a todos los ciudadanos.

Atacan derechos que nunca han defendido, acusan a los gobiernos progresistas de lo que son incapaces de establecer en una Iglesia medieval, autoritaria y piramidal que ellos mantienen, frente a los principio de igualdad y ausencia de poder del evangelio.

El Gobierno haría bien si de una vez actuara como un Estado aconfesional y laico que es y la Iglesia dejara de inmiscuirse en asuntos de autonomía de lo temporal. Hace falta una postura de dejar de tener miedo a esa iglesia que ayudó a un golpe de Estado, a declarar una guerra injusta y a mantener una dictadura, sin oponerse a crueles asesinatos, encarcelamientos y torturas de miles de inocentes y ahora quiere convencernos de que actúa en nombre de la Constitución que no respeta.

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Los obispos, contra el Estado de derecho

Juan José Tamayo y José M. Castillo (Teólogos) - Madrid y Granada
EL PAÍS - Opinión - 02-01-2008

Ni los obispos ni la Iglesia tienen por misión hacer política y, menos aún, campaña electoral. Sin embargo, esto es lo que se hizo en el acto presidido por el arzobispo de Madrid el pasado día 30 en la plaza de Colón de Madrid, apoyado por el papa Benedicto XVI y con una numerosa presencia episcopal. Los obispos utilizaron, para ello, el argumento de la familia, como viene siendo habitual en los últimos años. Pero lo que en realidad se hizo fue atacar al Gobierno de la nación y a las instituciones del Estado. No otra cosa es afirmar que “nuestro ordenamiento jurídico ha dado marcha atrás en los derechos humanos” (cardenal Rouco), que “nos dirigimos a la disolución de la democracia” (cardenal G. Gasco) o que “la sociedad española vive una gran amenaza social con legislaciones inicuas e injustas” (cardenal Cañizares).

A nuestro juicio, ninguna de las leyes sobre la familia y el matrimonio aprobadas por el Parlamento atenta contra los derechos humanos, sino que más bien los amplían y reconocen para todos los ciudadanos, eliminando cualquier discriminación por razones de sexo, religión, opinión política, discapacidad, etnia, etcétera. Es indignante que se utilice un espacio público para atacar a las instituciones públicas y al Estado de derecho.

Por otra parte, pensamos que la Iglesia Católica no es una institución autorizada para dar lecciones de democracia cuando sabemos que ésta no se practica en su seno en modo alguno. Y menos aún los obispos pueden tener credibilidad para defender los derechos humanos cuando, a estas alturas, el Vaticano no pone en práctica la Declaración Universal de 1948, ni ha suscrito los dos Pactos Internacionales (16 de diciembre de 1966) en los que los Estados se comprometieron a aplicar los citados derechos.

Por último, nos sorprende que en el citado acto no se hiciera mención al Evangelio y a las enseñanzas de Jesús sobre la familia, que son sumamente críticas con la institución familiar. Lo que demuestra que la intencionalidad de la Concentración no era evangélica, sino claramente política.