Los últimos enfrentamientos entre el sector más conservador de la cúpula de la jerarquía de la Iglesia con el Gobierno socialista, han dado lugar a que se hable de nuevo en España de la necesidad de un Estado laico. Así se ha manifestado, entre otros, la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, militante católica de toda la vida: “Debe ser laico el Estado, la sociedad es plural. Y uno y otra deben trabajar activamente para poder sacar lo mejor de nuestro capital ético conjunto”.

De ser así volvemos a donde estábamos antes del golpe militar, que acabó con la segunda república. Por deseo de la mayor parte de los católicos españoles y el apoyo de la cúpula vaticana, que entonces era más abierta que la jerarquía española de hoy, teníamos un Estado laico modélico.

El Estado, que es la plasmación legal del poder de la Nación, tiene que afirmar el principio nacional, que excluye cualquier otro predominio particular. Por eso era antinacional la situación de privilegios políticos que gozaba la Iglesia en España. El favoritismo de unos españoles en detrimento de otros ha sido con harta frecuencia motivo de discordia y un impedimento en el desarrollo de la comunidad civil. “En este sentido el Estado tiene que ser rigurosamente laico. Laico no significa ateo sino simplemente nacional”.

Así lo fue en la segunda república como he adelantado ya. Roma y los católicos españoles reconocían la necesidad de ese estricto laicismo. Fue entonces el Estado más rigurosamente laico del mundo sin herir sentimientos de nadie. Pero la irreflexión y el deseo de no servir a una nueva democracia sino imitar la de hace cien años, no permitió a los legisladores quedarse en el punto justo y dieron a la política eclesiástica, que podía haber sido perfecta, un aspecto de agresión a los grupos católicos. Esto, tal como Ortega y Gasset lo vivió y cuyo testimonio recojo, no entraba en el ánimo de la segunda república. A su juicio las leyes complementarias de la Constitución deberían haber interpretado ésta de forma que quedara indiscutible el más riguroso laicismo del Estado, pero evitando todo cariz agresivo.

En todo país que no sea bárbaro las guerras de religión han acabado hace mucho tiempo. El predominio de la enseñanza estatal que los intelectuales propugnaban y que se ha logrado en los principales países, “no es efecto de fáciles fulminaciones legales contra la enseñanza privada sino de la perfección y ampliación que se consiga dar a la enseñanza del Estado. De hecho y frente a todos los privilegios que la Iglesia gozaba, el Estado venía ganando terreno a las órdenes religiosas en el orden pedagógico. No hay sino proseguir en grande y a fuerza de limpia eficacia la victoria del Estado docente” (J. Ortega y Gasset, Obras Completas 11, 430ss. Madrid 1983).

Lo que siguió a esta etapa republicana no sólo impidió avanzar en esta línea, sino que nos hizo retroceder más de cuarenta años respecto a los países europeos de nuestro entorno. Es ese tiempo surgió el nacionalcatolicismo del que no nos hemos liberado del todo a pesar del Vaticano II, que quiere la separación de la Iglesia y el Estado.

Concluyo con las siguientes preguntas ¿Se tiene suficientemente claro que el Estado moderno ha de ser laico? ¿No sigue la jerarquía católica empeñada en que las leyes civiles recojan su posición en materia de matrimonios, divorcio, aborto, enseñanza y aportación económica del Estado a la Iglesia? Demasiados interrogantes que aún no han tenido la respuesta adecuada.