Cuando el mar se arremolina, a nadie se le ocurre embarcarse y, si está embarcado, usa toda su experiencia y recursos para evitar suertes peligrosas. En España, llevamos un tiempo en que las olas del mar sociopolítico están agitadas. Dentro de ellas, hay quienes, por experiencia secular, debieran saber navegar para prevenir situaciones peligrosas. Hablo de la jerarquía eclesiástica. Y lo hago, consciente de que la clase clerical debiera haber aprendido para no recaer en torbellinos del pasado.

Cuando leo en el Vaticano II que “los ciudadanos pueden legítimamente inclinarse hacia soluciones diversas”, que “la determinación de los regímenes políticos y designación de los gobernantes se dejan a la libre decisión de los ciudadanos”, que el “ejercicio de la autoridad debe entenderse según el orden jurídico legítimamente establecido, estando entonces los ciudadanos obligados a obedecerla”, que “aun cuando las modalidades de la política pueden ser múltiples según el modo de ser de cada pueblo, pero deben siempre tender a formar un hombre, culto, pacífico y benévolo respecto a los demás” (GS, 74), entonces me vuelvo al actual momento español y no puedo entender cómo los obispos se ponen a agitar el mar institucional y cívico-social de nuestro país.
Para los católicos de esta España cuentan sobre todo las directrices más solemnes de la Iglesia a la que dicen pertenecer y a cuyo magisterio dicen obedecer. El Vaticano II reafirma: “Los cristianos deben mostrar con los hechos cómo pueden armonizarse las ventajas de la unidad con la diversidad, reconocer la legitimidad de opiniones discrepantes y respetar a los ciudadanos que, aun como grupo, defienden su manera de ver; deben educarse para participar en la vida política y, cuantos lleguen a ejercer ese arte tan difícil y tan noble, deben hacerlo sin buscar el interés propio ni ventajas materiales” (GS, 75).
En la misma línea, señala algunos criterios que debieran guiar la conducta del católico, incluida naturalmente la de los obispos: “1. La Iglesia no se confunde con la comunidad política ni está ligada a ningún sistema político determinado. 2. Comunidad política e Iglesia, aunque independientes y autónomas en sus propios campos, están al servicio de los hombres y deben mantener una sana colaboración entre sí. 3. La Iglesia no pone su esperanza en los privilegios que le ofrece el poder civil” (GS, 75). 4. Los seglares no piensen que sus pastores serán siempre tan competentes que hayan de tener al alcance una solución concreta para cada problema (GS, 43).
Para los momentos actuales, ofrece unos puntos, que no dejarán de sorprender a muchos: “Con frecuencia sucederá que la misma visión cristiana de las cosas les inclinará en ciertos casos a determinadas soluciones: otros fieles, sin embargo, guiados con no menor sinceridad, como sucede con frecuencia, y con todo derecho, juzgarán sobre lo mismo de otro modo. Y aunque las soluciones propuestas por unos u otros, al margen de su intención, por muchos sean presentadas como derivadas del mensaje evangélico, recuerden que a nadie le es lícito en esos casos invocar la autoridad de la Iglesia en su favor exclusivo . Procuren siempre, con un sincero diálogo, hacerse luz mutuamente, guardando la debida caridad y preocupándose, antes que nada, del bien común “ (GS, 43)
La Iglesia española había, después del Vaticano II, avanzado mucho en este sentido. El cardenal Enrique Tarancón marcó un hito en el empeño de cumplir las pautas del Vaticano II, de modo que ningún partido político pudiera apropiarse de la autoridad de la Iglesia, mostrando de hecho su imparcialidad y libertad.
Son demasiadas las cosas que llevamos presenciando en estos dos últimos años, y no precisamente en el camino de esa neutralidad de la Jerarquía. No tengo duda de que los obispos españoles leerán alguna vez las palabras que ellos mismos dejaron escritas en la Asamblea Plenaria del 73: “Los obispos pedimos encarecidamente a todos los católicos españoles que sean conscientes de su deber de ayudarnos, para que la Iglesia no sea instrumentalizada por ninguna tendencia política partidista, sea del signo que fuere. Queremos cumplir nuestro deber libres de presiones. Queremos ser promotores de unidad en el pueblo de Dios educando a nuestros hermanos en una fe comprometida con la vida, respetando siempre la justa libertad de conciencia en materias opinables” (Asamblea Plenaria, (17ª), 1973).
Han pasado 33 años desde entonces. Y el retroceso es un escándalo para la sociedad. La gente acaba viendo que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. ¿Caben más hechos, y más relevantes, y en más corto tiempo, en que la Jerarquía eclesiástica, indebidamente, en cuestiones opinables, dentro de un orden jurídico plenamente democrático, haya olvidado sus propias enseñanzas?
Como hacía tiempo no ocurría, los obispos han salido a la calle participando en manifestaciones en contra de leyes del Gobierno actual. Han hecho pública una preferencia política partidista (la del PP), y han anatematizado la del PSOE descalificando determinadas leyes del Gobierno.
Una opción política no es una opción evangélica, pero ellos han propiciado una opción política partidista, prestándole autoridad y bendición, con lo que automáticamente se han convertido en factores de división. Los obispos, como cualquier otro ciudadano, pueden tener sus preferencias políticas; pero como obispos, no pueden exhibirlas ni defenderlas en beneficio de un partido. Anularían automáticamente su misión de animar y preservar la unión de la comunidad. “Deben reunir la familia de Dios como una fraternidad, animada hacia la unidad”(LG, 28).
No les vale pensar que en este caso era un imperativo de su conciencia, que les obligaba a actuar en contra de leyes injustas. Esas eran leyes humanas, cuya valoración, debate y aprobación corresponde al Parlamento y a la responsabilidad de un Gobierno elegido democráticamente por voluntad mayoritaria de los españoles. Y si, en conciencia, creen que tienen que pronunciarse sobre un punto concreto, en conciencia también deben compulsar el sentir de la comunidad sobre ese tema. Y si en la comunidad aparecen posiciones y razones plurales, entonces ellos no pueden decantarse por una de las partes, so pena de negar la pluralidad legítima, ejercer una competencia abusiva y anular su misión unidora.
Todo lo dicho me lleva ahora al fondo de la cuestión. Bastantes miembros de la jerarquía no acaban de enterarse del cambio que ha supuesto para la Iglesia el concilio Vaticano II, viven en otra época, la traen a cuestas y se sienten incapaces de asimilar el nuevo humanismo del Vaticano II. Seguramente a muchos de ellos les resultarían sospechosas muchas palabras que cualquiera podría esgrimir si no fuera porque han sido promulgadas por el Vaticano II: “La autonomía de la persona se robustece a la luz del Evangelio, toda esclavitud es contraria al Evangelio, la dignidad de la conciencia y la libertad son cosas santas, la Iglesia reconoce que el tiempo actual promueve mucho los derechos humanos y necesita de un modo particular de la ayuda de quienes viven en el mundo y conocen sus diversas instituciones y disciplinas, le queda mucho por aprender y madurar en sus relaciones con el mundo, todos los cristianos deben prepararse para sostener de una manera decorosa un diálogo con el mundo y con los hombres de cualquier opinión, etc. (GS, Nº 35-40).
Estos y otros textos apuntan a una sola cuestión. Persiste todavía un clericalismo fuerte, amasado por siglos, que identifica la Iglesia con el clero y la identifica con el poder hegemónico, si no absoluto, que ese clero ha ejercido en largas épocas de la historia. Ese poder es el que añoran y desde el que todavía pretenden gobernar hoy. El poder ensoberbece y más cuando se cree ejercerlo en nombre de Dios. Entonces, la razón, el argumento, la llana verdad del pueblo y del sentido común, el caminar a ras con el pueblo, el dejar a un lado privilegios y prepotencias, resulta imposible y se monta el espectáculo de impulsar manifestaciones y otras acciones, con el fín seguramente de conservar la esencia del Evangelio, el sagrado patrimonio cultural católico, cuando en realidad de verdad se defiende un modelo o forma de vivir el cristianismo, que tiene mucho que ver con el régimen de cristiandad, propio de otras épocas, y que no puede responder al momento histórico y sociocultural actual: “Las condiciones de vida del hombre moderno han cambiado tan radicalmente en sus aspectos social y cultural, que hoy se puede hablar de una nueva era de la historia humana” (GS, 54). “La Iglesia que, dice el concilio, ha vivido en variedad de condiciones y ha sabido emplear los hallazgos de las culturas diversas de la historia, no se siente ligada exclusivamente o indisolublemente a ninguna raza o nación, a ningún género particular de costumbres, a ningún modo de ser, antiguo o moderno y puede entrar en comunión con las diversas civilizaciones. Por esa razón, la cultura, que evoluciona constantemente, requiere una justa libertad para desarrollarse y goza de una específica inviolabilidad” (GS, 58).
El mismo concilio, y debiéramos los católicos anotarlo y asimilarlo, concluye: “El cambio de mentalidad y de estructuras plantea, frecuentemente, la revisión de todo lo que hasta ahora se consideraba un bien. Las instituciones, las leyes y los modos de pensar y sentir heredados del pasado, ya no siempre parecen adaptarse bien al estado actual de cosas… La humanidad pasa de una concepción estática de la realidad a otra más bien dinámica y evolutiva, que plantea una serie de problemas que requieren la búsqueda de nuevas soluciones y síntesis” (GS, 5).
Estas palabras del concilio contienen, para los católicos que de verdad se lo propongan, un cambio radical en el modo de vivir y presentar hoy el cristianismo. La ignorancia, más que nada, -aunque no sólo- hará que unos sigan en el pasado y otros en el presente.

Benjamín Forcano
Sacerdote y teólogo