Formar y exigir criterio ante la crisis
12-Febrero-2009 Eloy Isorna- Lo que estamos viviendo a nuestro alrededor y en el mundo es muy grave y puede llegar a convertirse en catástrofe global. Y sin embargo parece que para muchos es sólo un avatar político crispante. El seguimiento de los síntomas, de los diagnósticos y de los tratamientos a diversos niveles hay que hacerlo con método. Este artículo de Eloy y los comentarios que seguirán nos invitan y deben ayudar a seguir responsablemente el día a día de la situación.
Frente a tanta noticia que nos deja confusos y a tantas voces que tienden a ensordecernos, conviene esforzarse en formar criterio.
Como de crisis económica se trata, recordemos que la economía no es más que la administración de los bienes escasos para que puedan satisfacer de forma equitativa las necesidades humanas.
Los bienes no escasos, en principio, no requieren de esa administración aunque desde una perspectiva de sostenibilidad dado que los bienes hoy abundantes e ilimitados, pueden no serlo mañana, es evidente que el parámetro del futuro y del uso racional incluso de los bienes sobrantes debe introducirse como un dato a tener en cuenta en el comportamiento de la producción y del consumo humano.
También que existe un sujeto actor, la persona humana, que no es meramente instrumental en la economía y que en sí no es sólo economía.
Ya sabemos que estamos en crisis. Ahora queremos soluciones. Pero ¿qué soluciones?
Soluciones sostenibles es decir soluciones a corto para salvar esta coyuntura concreta y soluciones a medio y largo plazo para no volver a las “andadas”.
Para que la economía cumpla simplemente su función de satisfacer en lo posible las necesidades de la vida de las personas, de todas las personas y en todas partes.
¿Que nos lo den todo hecho? ¿Qué soluciones prácticas podemos sugerir en nuestro ámbito de actuación?
Este asunto nos afecta a todas las personas en nuestra mera condición de ciudadanos. Tenemos derecho y obligación de exigir respuestas a nuestras dudas, solicitar opiniones para formar criterio y opinar. Quizá ello exige una pequeña transformación que debe empezar por cada uno: Intentar ser menos consumidores, para ser más emprendedores. Ser menos pasivos, para ser más activos frente a la crisis. Pero esta transformación necesita un liderazgo que no parece querer aflorar ni en el ámbito de la política ni en el de la sociedad civil.
Ayer (10-02-2009) en el Congreso de los Diputados se hablaba de Pacto para salir de la crisis, pero no parece que todos estén por la labor.
La sociedad civil y las instituciones no gubernamentales también tienen derecho - y obligación - de estar presentes en este debate, aportar su grano de esperanza y esfuerzo para salir adelante y presionar cuando proceda (con voz y voto) para que las instituciones gubernamentales y los centros fácticos de poder no tomen decisiones que pudieran ser inadecuadas y sí tomen las correctas.
Para que esto sea factible en el corto plazo, para ayudar a nuestros conciudadanos hoy, hay que informarse, hay que discutir, hay que construir trabajosamente criterios de discernimiento solventes sobre las diversas medidas posibles y dejar de dar simplemente los gritos de rigor (”abajo tal, viva cual”). Hay que intentar actuar en nuestro ámbito propio, en nuestro vivir diario.
Este texto en modo alguno tiene la receta mágica. Muy al contrario, se trata simplemente de hacer, en voz alta, una aproximación al tema, que incite al conocimiento, al estudio, a la pregunta y al debate, al intercambio de opiniones, para una mejor conformación del propio criterio de lo que debe ser, de lo que debe hacerse, de lo que debemos hacer . Y en definitiva que la voz de la calle llegue a las instituciones cívicas, sociales y políticas urgiéndoles a la acción y al liderazgo que les es exigible en esta circunstancia.
En escueto resumen, los datos que nos llegan son estos: La que comenzó eufóricamente como subida espectacular del consumo de determinados bienes (inmobiliarios y bursátiles), rentabilidades y ganancias espectaculares (en la ola de la circulación y creación de dinero ilimitada puesta en manos del público), ha terminado siendo, a partir de 2007, una profunda crisis financiera (alimentada por las hipotecas “basura” -”subprime”-, fruto granado de la especulación de los altos y prestigiosos ejecutivos de las finanzas americanas, emulados por los de otras latitudes) que está produciendo (en cadena que se alimenta a si misma), menor consumo, cierres empresariales, despidos y paro (en España en Enero de 2009, 3.300.000 personas en paro y 4.000.000 millones en un horizonte previsible en este mismo año). Esta sería en esencia la descripción de la crisis.
Ante estos hechos las valoraciones y propuestas de solución no son unánimes. Hay dos focos posibles sobre los que centrar la cuestión: Soluciones para la economía real y soluciones para el sistema financiero y crediticio. Y lograr que ambos se engranen. Encajen. Y esta falta de engranaje parece ser especialmente relevante en España. La Banca tiene liquidez, tienen dinero suficiente pero no llega a los que (para sus inversiones o consumo) lo necesitan.
Un destacado portavoz de las grandes entidades financieras ha dicho que en España las cosas han sucedido al revés que en América y otros países de la Unión Europea. De acuerdo con su explicación, en España son los problemas de la economía real (producción, distribución, consumo), los que han puesto en cuestión al sistema financiero.
Sea una cosa u otra, parece ser un hecho que las entidades financieras en España han necesitado de liquidez en grado suficiente como para acudir a los prestamos que de forma extraordinaria le ha proporcionado y les sigue proporcionando el Gobierno, pero ¡sorpresa!, esta liquidez que ha entrado en las instituciones financieras, vía prestamos gubernamentales, no ha supuesto un incremento del crédito disponible para los productores y consumidores, es decir para los ciudadanos de a pie.
Parece pues que el Estado ha contribuido, con sus prestamos a las instituciones financieras, a solventar la necesidad de liquidez que estas pudieran tener derivadas de la “sequía” de fuentes externas de liquidez (prestamos interbancarios o similares y, en su caso, depósitos de clientes). No disponemos de cifras ni de porcentajes sobre el peso de cada uno que estos factores.
En todo caso las instituciones financieras alegan: que no pueden prestar a los que no son solventes (exigen a Estado garantías complementarias) y /o que no existe demanda suficiente de créditos ni para la inversión nueva ni para el consumo.
En caída de precios de los inmuebles y falta de demanda de los mismos, su carácter de garantía pierde fuerza. Se pide al Estado que avale. ¿Y donde están las Sociedades de Garantía Mutua para las pequeñas y medianas empresas? ¿O es que las habíamos dejado languidecer en la euforia del mercado inmobiliario? ¿Donde están las iniciativas que deberían haber tomado Bancos y Cajas para reforzar estas Sociedades de Avales o similares, para potenciar la capacidad y solvencia de las empresas para acceder a los créditos?
Y, por otra parte, ¿Porqué languidece la demanda de créditos? Porque existe “incertidumbre”. Pocos quieren correr el riesgo de hacer nuevas inversiones (de nueva planta o de mejora) por la “incertidumbre de los mercados”. Y, por su parte, los consumidores en general no quieren correr el riego de solicitar un crédito para el consumo (coche, lavadora, viaje, vacaciones, ordenador, vestimenta, etc.) y que no puedan pagarlo cómodamente (como venían haciendo hasta ahora) por disminución o desaparición de sus ingresos periódicos (sueldo, rentas, beneficios). Es decir por la “incertidumbre”.
Por otra parte los economistas e incluso los meros comentaristas nos van ofreciendo sus recetas que desgranan día a día como si de una película de entregas se tratase.
Unos dicen: Si el problema es que la liquidez no llega a través de la Banca a los consumidores, hágasela llegar el Gobierno bajando los impuestos. Si se bajan los impuestos, las empresas y particulares tendrán mas dinero disponible sin acudir al crédito y consecuentemente consumirán más, se incrementará la demanda, subirán las ventas, aumentará la producción, saldremos de la recesión y de la crisis y comenzará de nuevo su giro “la favorable rueda de la fortuna”.
Claro que rebajar los impuestos, dicen otros, supone que el Estado ingresará menos, tendrá menos dinero para sus programas de ayuda, servicio e inversión. Tendrá que reducir su presupuesto de gastos y tendrá que minorar, entre otras, sus políticas “sociales y asistenciales” (pensiones, becas, ayuda a la discapacidad) como ya está haciendo (sin buscar soluciones alternativas) la Comunidad de Madrid (muy apresurada en su día a bajar impuestos) al eliminar la ayuda de 100 euros por nacimiento de hijo/a. Además si los impuestos se bajan fácilmente pero es muy difícil volver a subirlos una vez pasada la coyuntura (tiene un coste de esfuerzo específico para los hábitos de los afectados y mediático y en votos muy importante).
Hay otros que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dicen que hay que “abaratar” el despido. Si el despido es mas barato, dicen los empresarios, pese a la incertidumbre, no tendrán tanto temor a hacer nuevas contrataciones y subirá el empleo. Muy razonablemente ha contestado un líder sindical preguntando si es que los empresarios contratan pensando ya en el despido. Pero en cualquier caso, si el problema es la baja de producción y consumo, no se ve como en ambos factores pueda incidir el abaratamiento del despido, que sí incidirá en que los empresarios sean menos remisos en enviar mas personas a incrementar el paro.
Hay otras muchas voces: que si el empleo a fomentar ha de ser el empleo privado y no el público, que si hay que favorecer mas a los “outsiders” (los que están fuera del sistema: en el paro o en la indigencia) frente a los Insiders (los que están dentro del sistema y tienen trabajo), que no hay que subvencionar la economía, ni volver a tiempos de autarquía y autoconsumo nacional sino que por el contrario hay que seguir favoreciendo los intercambios internacionales etc. etc.
En todo caso, si parte de la cuestión está en que pese a los recursos aportados por el Estado mediante prestamos al “sistema financiero “, la liquidez y disponibilidad de tales recursos no llega al “sistema crediticio “ (Marx distinguía específicamente ambos) y, a la postre, no llega a los actores de la economía real, no parece que la solución razonable sea “regañar” a las instituciones del sistema financiero, sino establecer por vía legal los mecanismos técnicos e incentivadores oportunos para que ello suceda.
Unos de estos mecanismos pudiera ser el de los coeficientes legales de inversión. Es decir el establecimiento de una norma legal que señale que necesariamente un porcentaje variable, a determinar por el Gobierno periódicamente, de las cantidades prestadas a las entidades financieras por el Estado (e incluso sobre los depósitos de los clientes), deberá invertirse en determinados tipos de prestamos.
De no cumplirse los coeficientes legales establecidos, se regulará una penalización en el tipo de interés de los préstamos por la parte no cumplimentada de inversión de forma que resulten más caros a la entidad prestataria. Cabe también establecer legalmente otro tipo de penalizaciones a las entidades financieras.
Frente a las voces que hablan de nacionalización, sin más de entidades financieras, o las que pretenden “mover” la voluntad de estas a actuar de tal o cual manera, es el establecimiento de técnicas como las de los coeficientes las que se echan en falta , pues son, a mi entender claramente ventajosas, ya que no distorsionan la naturaleza privada de las entidades financieras y sí orientan más eficazmente y de forma controlable sus inversiones y la utilización de los recursos que se les facilitan tanto por el Estado como por los particulares, en sus caso.
Y en el fondo del salón los productores/as, consumidores/as y ciudadanos/as en general contemplamos impertérritos los “pin pan pun” de las instituciones, y de los partidos, sin que nadie acierte a darnos luz para encontrar un camino medianamente solvente.
Aparte de bajar impuesto y disminuir el gasto social, o abaratar el despido ¿Dónde están las respuestas entusiasmantes de una oposición política al Gobierno que nos quiera entusiasmar? ¿Donde están los sindicatos con sus propuestas de acción factibles?
En definitiva, ¿donde está la sociedad civil? ¿Que decimos nosotros como integrantes de la misma?; ¿donde nos ubicamos, que pensamos y proponemos los ciudadanos de a pie? ¿O es que no tenemos nada que decir en esta circunstancia? ¿Quietos y mudos contemplando la escena desde el fondo del salón?
Es verdad que no hay respuesta ni pronta ni fácil, ni falsa, ni cierta. La solución pueden ser las soluciones, complementarias o contradictorias. Pero no se puede volver a las andadas y no se puede dejar de luchar por soluciones imaginativas y e capaces de entusiasmar Para salir de esta crisis también se necesita entusiasmo, ilusión, ganas de vivir.
Hay que preguntarse si al margen del liberalismo capitalista imperante, al margen del propio capitalismo aún en sus formulaciones más social demócratas, al margen de los sueños del socialismo más “estatista” o comunista, sigue quedando lugar para el espíritu cooperativo, para soluciones - quizá mixtas - más racionales y humanas. Porque lo que debiera estar claro es que no queremos, después de este vuelo a la crisis, volver a aterrizar en el mismo aeropuerto.
“La revolución cooperativa o el socialismo de Occidente” es el título del libro de Bernard Lavergne, publicado en Francia en 1949 (Editado por Presses Universitaires de France) y en su primera edición en español en 1962 (Editado por Universidad Autónoma de México). Curándose de posiciones maximalistas, que pudieran resultar inoperantes, advierte:
“Trágico destino sería el del genero humano si nos viéramos obligados a elegir entre la explotación capitalista de las masas humanas o la servidumbre intolerable del hombre a la mas vieja de las tiranías que ha existido en el mundo, la omnipotencia del estado” (página 375).
Y nos alerta también sobre el hombre “desfalleciente”, dice: “Es frecuente oír postular la necesidad de una reforma de las costumbres como condición indispensable para toda rectificación política y económica (…) Hablar de una reforma previa de las costumbres es, desgraciadamente, girar una letra de cambio a la luna. Por nuestra parte estaríamos desesperados si juzgáramos que es necesaria esta previa renovación de las costumbres y de las conciencias” (página 380). Por ello concluye: Lo difícil, lo admirable, es construir un mundo honroso con elementos mediocres. Lo sorprendente, es fundar sobre la base de la codicia humana, un orden honroso y justo, como lo hace el cooperativismo” (página 380-381)
Pero pese a estas prácticas consideraciones de Bernard Lavergne no podemos dejar de criticar la presión, social y mediática, ensalzadora del hedonismo más burdo y del individualismo más radical, de la fiebre por poseer, tener por tener, más que por ser.
Dice la revista ALANDAR en su número de febrero de 2009: “”Los movimientos sociales vagan sin rumbo en medio de una crisis política, social, económica y ética de dimensiones desconocidas hace décadas. El informe FOESSA, un completo y rigurosos estudio sociológico patrocinado por Caritas, que se presentó a finales de 2008 llama la atención sobre los procesos de fragmentación social e individualización participativa que se ha instalado en nuestro país” (…)”".
Quizá necesitamos un nuevo diseño de persona para una sociedad nueva. Una sociedad donde el comportamiento no ético sea fulminantemente rechazado, en la que la violencia no tenga sitio, ni tampoco la mentira y el engaño. Donde las instituciones y estructuras se armonicen para las necesidades reales de las personas y de los pueblos.
Esto no obvia las medidas técnicas. y las medidas técnicas han de procurar esencialmente convertir en sistema, lo que es puro mercado, en conectar eficazmente el sistema financiero con el crediticio de forma que aquel no navegue por libre y en adecuar ambos sistemas, financiero y crediticio, a la economía real de producción, distribución y consumo.
Este debe ser el objetivo técnico llevado a cabo desde la profesionalidad, la honradez, la ética personal y comunitaria, pero indudablemente bajo el estricto seguimiento, control e intervención, en su caso, de las autoridades económicas y del Estado.
Madrid 11 de febrero de 2009
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