Damos difusión con mucho gusto a esta opinión de un grupo de cristianos valencianos, comprometidos en la política y en la Iglesia, por la serena forma con que se sitúan ante unos acontecimientos que suscitan más polémica que reflexión equilibrada.

Algunos afiliados al Bloc queremos manifestar nuestra opinión sobre el Encuentro de la Familia y la visita del Obispo de Roma en Valencia, en el mes de julio. Esta opinión está basada en nuestro doble compromiso político y eclesial, dada nuestra adscripción de creyentes y miembros de un partido político concreto.

Queremos, además, hacer pública esta opinión para que sea conocida por la ciudadanía en general y por nuestros compañeros del Bloc, en particular.
En principio, hemos de manifestar que la Iglesia Católica, como cualquiera otra confesión religiosa, tiene derecho a la libre expresión y al libre ejercicio de sus actividades. En consecuencia, es absolutamente legítimo la organización de este Encuentro y, desde luego, la presencia del Papa en nuestra capital. Así lo consagra nuestro actual ordenamiento legal, basado en criterios democráticos y de igualdad. Ordenamiento por el que muchos ciudadanos y ciudadanas luchamos, y con el cual manifestamos nuestro insobornable compromiso político.

Bienvenido sea, pues, el Obispo de Roma y todos los que deseen acompañarlo. Nuestra capital es una antigua ciudad mediterránea y europea, abierta, tolerante y acogedora. Esperamos que todos y todas los que vengáis os encontréis como en vuestra casa. Dicho esto, nosotros, como a cristianos, impelidos por nuestra fe y desde el nuestro compromiso político, manifestamos ahora y aquí algunas cuestiones sobre las que hay que reflexionar.

Un primer espacio de polémica es la total implicación de los poderes públicos en el evento y, en consecuencia, la financiación de esta actividad. Al respeto de esto, hay que decir que tienen toda la razón los que reclaman una total independencia de los poderes públicos respeto las confesiones religiosas. Corresponde a las autoridades el normal desarrollo de los derechos constitucionales y estas deberán habilitar todos el mecanismos necesarios porque le Encuentro se desarrolle con normalidad y orden. Otra cosa, sin embargo, es financiar actividades particulares y, mucho menos, cuando esta financiación no se cuantifica públicamente.

Parece mentira que las autoridades de la Generalidad y el Ayuntamiento de Valencia se niegan reiteradamente a dar las cifras, a pesar de haber estado solicitadas por la oposición. ¿En qué beneficia a la Iglesia este incomprensible secretismo? Una vez más, por desgracia, los que más dicen defender el cristianismo, lo hacen menospreciando los valores democráticos. Nosotros, desde aquí, exigimos información, clara y verídica de qué partidas económicas públicas se van a dedicar, o se han dedicado ya, a financiar este evento. Si no se hace así, el talante democrático de nuestros gobernados y la honradez de la Iglesia quedarán en entredicho.

Unida a esta cuestión, se ha de reflexionar sobre el tema de la laicidad. Un estado democrático no puede ser otra cosa ni definirse de otra forma que no sea laico. Eso quiere decir equidistante de la cuestión religiosa. Nosotros consideramos, juntamente con la doctrina más solemne de la Iglesia manifestada en el último Concilio, que los poderes públicos son autónomos para desarrollar las políticas que crea oportunas para asegurar el bien común. Finalmente, la última instancia de juicio son los ciudadanos y las ciudadanas en su legítimo derecho de voto. La verdad más patente es que, sobretodo en los últimos años, la jerarquía católica española, manifiesta una peligrosa tendencia a menospreciar los fundamentos del el estado democrático y de derecho que los ciudadanos nos hemos dado en el ejercicio de nuestra soberanía. Creemos que cualquiera tentación de retorno al nacionalcatolicismo es peligrosa, ilegal y nefasta para el conjunto del Estado y, por supuesto, para la Iglesia.

En este sentido, debemos decir que la Iglesia no puede pedir ningún privilegio. Eso va en contra de la necesaria coherencia evangélica exigible a sus instituciones y a las personas que manifestamos públicamente nuestra fe. Y eso ha de ser así, porque creemos que los derechos de la Iglesia están suficientemente garantizados. Incluso, nos resulta escandaloso que aún se mantengan situaciones como la de la financiación o la educación, entre otros, que otorgan a la Iglesia unos privilegios políticos y económicos anacrónicos y absolutamente improcedentes. Justificar según qué cosas en que el Obispo de Roma es jefe de estado y según qué otras en su significación religiosa es, por lo menos, artificioso.

También lamentamos que, una vez más, se haya perdido una oportunidad para que este Encuentro sea un espacio de debate abierto en la Iglesia, para que todas las sensibilidades cristianas se manifiesten sobre el presente y futuro de las diversas formas de vivir en familia y establecer los postulados que deberían presidir la doctrina eclesial, en una materia tan importante actualmente. En este sentido, creemos que se ha perdido también la oportunidad para que le encuentro sea ecuménico. En efecto, no podemos comprender como no se ha abierto a la participación de las otras iglesias, evangélicas y ortodoxas.

Ciertamente, este Encuentro no representará ningún avance pastoral, ni para la Iglesia anfitriona, la valenciana, ni para la iglesia universal. Nos gustaría equivocarnos, pero el talante de la organización, triunfalista y anticuada, el programa de le encuentro, centrado en los lugares comunes del modelo patriarcal de familia, ampliamente rechazado por la sensibilidad mayoritaria de la sociedad actual, y finalmente, la persistente y errática papalatria, harán que el evento quede en los anales de la ciudad y poco más. Eso si, nuestra capital y la faraónica obra de la Ciudad de las Artes y las Ciencias serán bien conocidas en todas partes. Por lo menos, ese es el motivo justificativo de nuestras autoridades. Sólo nos faltaba que aquello que encarna el Ministerio de Pedro, finalmente, acabe reducido a un reclamo turístico y promocionador de espacios emblemáticos.

Enric Capilla, LLuis M. Campos, Emili Selfa, Natxo Bellido, Josep Medina y Eva Sanchis, miembros del Consejo Nacional del BLOC y ciento veintidos firmas más