Resultan sorprendentes las palabras, de hace dos días, de Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal Española: “ Todas las cosas del hombre son objeto de la Teología. El Magisterio de los obispos abarca todas las cuestiones de fe y moral… El Parlamento no es una autoridad moral, es una institución política. Nadie más puede legislar que él, y sus leyes deben cumplirse si son justas, pero no es una institución moral”.

Estas afirmaciones suponen, como es natural, una determinada concepción de la ley, de la moral y de las instituciones. Una de las funciones de todo gobierno democrático es legislar, de acuerdo al Bien Común y con la garantía de un consenso democrático mayoritario. Las leyes, ciertamente, no bajan del cielo ni vienen de la nada. Son expresión de lo que una sociedad –en este caso democrática- piensa debe hacer para respetar la dignidad humana y garantizar los derechos y deberes de todos. Esa expresión, a su vez, no puede ser fruto del capricho, de la arbitrariedad, del despotismo o de unos intereses particulares. La base y medida de las leyes es la persona . Los legisladores tratan de elaborar leyes mirando, conociendo y respetando las exigencias de la persona.

En ese sentido, las leyes –si son leyes de verdad- no pueden ser neutras, amorales o inmorales , no tienen más valor que el que los legisladores con todos sus medios y conocimientos extraen de la realidad de la persona. La persona limita toda extralimitación o abuso, que pretenda atribuirse cualquier instancia legislativa. Y, en ese sentido también, las instancias que legislan no son neutras, inmorales o amorales , más bien se revisten de autoridad moral, aquella que les confiere su título de ser conocedores e intérpretes responsables de la realidad de la persona.

La moralidad no depende de la voluntad de nadie, sea civil o eclesiástica; nadie tiene autoridad para fundar por voluntad lo que es justo o injusto, malo o bueno, decente o indecente, conveniente o desaconsejable. Sería este el camino de todo despotismo: es bueno lo que a mi me da la gana y lo que yo dictamino como tal. Toda realidad contiene un significado, unas exigencias, unas propiedades, unos valores, unos derechos o deberes, que es preciso conocer e interpretar y el conocer eso no es cometido de la voluntad sino de la inteligencia. Leer (legere, lex, ley) la realidad, entrar en ella, conocerla, para luego promulgarla en leyes y hacerlas respetar, es lo que hacen los legisladores. En ese sentido, tienen autoridad moral, porque hacen de conocedores e intérpretes, de mediadores entre la realidad estudiada y los ciudadanos.

El Parlamento tiene , en el orden humano, (cuando se trata de cuestiones individuales, sociales, culturales, políticas, religiosas) la autoridad moral que le confiere una sociedad democrática, no para fijar por voluntad el contenido de las leyes, sino para estudiarlo, entenderlo, discernirlo y promulgarlo. La realidad es fuente (no la voluntad del que manda o legisla) de la moralidad y esa realidad delimita toda búsqueda y es la que demanda que se la conozca, divulgue y respete.

¿En virtud de qué el magisterio episcopal habría de tener el monopolio sobre todas las cuestiones que atañen a la moral? La realidad natural de la persona, como fuente de moralidad, es anterior e independiente de la intervención del magisterio episcopal, posee un significado y una autonomía que no depende de la voluntad de dicho magisterio y sobre ella tiene competencia de inquirir , aclarar y establecer su significado cualquier inteligencia humana , sea la de los parlamentarios, la de los obispos o de cualquier otro grupo, pero sin exclusividad. En esa búsqueda, confieren autoridad moral los argumentos de quienes mejor y más acertadamente describan y aseguren el conocimiento y respeto de esa realidad.

El concilio Vaticano II tiene sobre esto un magisterio cristalino. El significado y leyes de que están dotadas todas las cosas creadas no están a merced de la manipulación de nadie, son autónomas y consistentes, nadie las puede negar o expropiar y ese significado hay que profundizarlo día a día, en la ininterrumpida evolución del saber , que nos va precisando cada vez más su sentido, sus exigencias morales y las contradicciones que con ellas, por ignorancia, fanatismo y otras razones, hemos ejercido a lo largo de la historia. Ese respeto progresivo, resultado de una mejor comprensión humana, corresponde a la voluntad divina, de modo que oponerse a él o negarlo es ir contra aquel nos ha dotado de la ley dinámica del conocimiento.

Es obvio que en el campo del conocimiento hay un cruce entre el saber racional y el de la fe, pero no tiene por qué ser un cruce excluyente, pues el creyente debe moverse, con naturalidad, como ciudadano y como persona, dentro del saber racional y el no creyente, además de compartir su búsqueda con el creyente, puede acceder al campo de la fe con respeto y potenciar seguramente aspectos comunes.

Los obispos tienen derecho a opinar sobre todas las cuestiones humanas, y pueden elaborar documentos. Pero deben entender y respetar que otros grupos o personas, católicas o no, puedan opinar de otra manera, si se trata de cuestiones humanas, en las que cabe un pluralismo legítimo y sobre las que ni los mismos católicos vienen obligados a expresar un pensamiento uniforme. Es el caso de la ley sobre los matrimonios homosexuales. En esa cuestión, la Iglesia católica no puede aducir que posee una normativa moral específica, que se aparta o va más allá de la norma racional, pues como muy bien dice el gran teólogo Schillebeeckx, “ En lo que respecta a la homosexualidad, no existe una ética cristiana. Es u n problema humano, que debe ser resuelto de forma humana. No hay normas específicamente cristianas para juzgarlas” (Soy un teólogo feliz, Madrid, 1994, Pg. 124).

El espíritu del Vaticano II no da, entre católicos, para ningún complejo de inferioridad, pero tampoco para mantener, contra viento y marea, sesgos y características de un fenecido nacionalcatolicismo.

Benjamín Forcano
Sacerdote y teólogo