Resulta insoportable escuchar a dirigentes del PP como Acebes o Astarloa reclamar al Gobierno de Zapatero la vuelta a una política antiterrorista que persiga la derrota de ETA. No porque tal política no sea la única posible para un gobierno democrático, sino porque los citados dirigentes del PP ponen como ejemplo de esta política y de su éxito su propio paso por el ministerio de Interior durante el segundo gobierno de Aznar.

Ambos ostentaban cargos de la máxima responsabilidad cuando se produjo el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Y ambos se apresuraron a adjudicar la autoría del mismo a ETA, con alguna lógica en los primeros momentos de la tragedia (pues aunque no fue ETA quien cometió el atentado bien podía haberlo sido), con contumacia y no sé si con mala fe a medida que pasaban las horas. Una ETA que supuestamente estaba derrotada, según proclaman ahora en un ejercicio de reconstrucción histórica tan cínico como irresponsable.

El caso es que la discusión sobre cuál ha de ser el final de ETA impide el acuerdo entre el Gobierno y el PP, incuso tras el atentado de Barajas. El principal partido de la oposición abandera una política antiterrorista orientada a lograr el final policial y judicial de ETA. Para explicar y justificar esta política el PP ha desarrollado desde hace tiempo un potente discurso antiterrorista en clave de guerra total, construido sobre la base de conceptos tales como victoria, verdad, dignidad, lealtad o resistencia. En la construcción de este discurso ha sido esencial la aportación de algunas organizaciones cívicas, así como de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Se trata de conceptos cargados de valor, prescriptivos, con una fuerte carga moral, que lógicamente evocan sus contrarios (derrota, mentira, indecencia, traición, sumisión) tan pronto como esa política antiterrorista es discutida o matizada.

Su alternativa, radicalmente incompatible, sería el denominado final dialogado del terrorismo. Este sería, supuestamente, el modelo de solución impulsado por Rodríguez Zapatero a partir de la resolución del Congreso de mayo de 2005, desbaratado en la T-4. El problema es que la política antiterrorista del Gobierno no está respaldada por una construcción teórica tan potente ni tan bien trabada, de manera que sólo se identifica en negativo, frente al modelo bien definido del PP. Acaso porque nació tras un Pacto Antiterrorista lastrado por determinados elementos (especialmente su antinacionalismo vasco) que sólo se explican por la coyuntura en la que fue suscrito, con un Pacto de Lizarra vigente y actuante.

En realidad no tendría por qué haber contradicción entre ambos finales. ETA va a ser combatida policial y judicialmente mientras exista y este combate alcanzará, con mejor o peor fortuna, a quienes no se alejen lo suficiente de la organización terrorista. Pero el mejor final será aquel que, sin conceder ningún papel político a ETA, aspire a reducir al máximo el coste humano de todo ese proceso. Acordar un modelo de final sujeto a derecho pero sensible al cálculo del sufrimiento: esta es la obligación de todos en las próximas semanas, y así habremos de exigírselo.

[Artículo enviado hoy directamente por el autor a ATRIO. Imanol Zubero es profesor de Sociología en la Universidad del País Vsco]