Esta es otra reflexión sobre el debatido caso De Juana, centrándose en los aspectos legales y jurídicos. De nuevo preguntamos ante este caso. ¿Quién está respetando el estado de derecho y quién desconfía de él, sea porque ve venganza en él o arma política para "acabar con ellos"? ¿Qué pasará si el Supremo rebaja la condena de De Juana?

  Entre quienes se han planteado la resolución de la Audiencia Nacional por la que se mantiene la prisión preventiva hospitalaria de De Juana Chaos, destaca con razón el argumento jurídico sobre el moral. La cuestión más discutida no es el valor absoluto de la vida humana de cada uno de nosotros, entendiendo por tal su incondicionalidad y no su supremacía frente a la vida de otros. No, la cuestión más discutida es la justicia del tipo de delito y, sobre todo, de su interpretación en sede judicial, por la que De Juana ha sido hallado culpable y encarcelado, preventivamente, para asegurar el cumplimiento de una pena claramente desmedida.  Porque para todos es claro que se trataba de evitar su excarcelación. Lo cual es comprensible, yo al menos lo comprendo, pero no lo comparto, si el derecho penal español es como es para todos. Y la verdad, casi no conozco juristas que hayan reconocido y probado, conforme a Derecho, que la alarma social de la excarcelación de De Juana habría de ser una clave penal  obligatoria a la hora de juzgar sus dos artículos en Gara y asegurar, así, su estancia en prisión. Este uso del Derecho es el que ha complicado las cosas hasta el extremo actual. Si De Juana no hubiese hecho huelga de hambre, el caso seguiría ahí por las mismas razones. Si ha hecho huelga de hambre, esta decisión no le compete al Estado de Derecho. Al Estado de Derecho, a nosotros, nos corresponde un uso del Derecho estrictamente justo e independiente, y estos dos requisitos son los que están en discusión demasiadas veces. El desaguisado jurídico, por tanto, no está en que la Audiencia Nacional exija el cumplimiento hospitalario de la prisión preventiva, sino en el juicio precedente buscando impedir la excarcelación de De Juana. Porque De Juana no se ha arrepentido de sus actos ni se ha rehabilitado, lo cual es muy doloroso, pero si el derecho dice que ha cumplido la pena impuesta y que no ha delinquido en la cárcel, acusarlo al final y de este modo es una legalidad muy forzada. Luego el problema De Juana nos lo han convertido, por descuido judicial, interés político y populismo comprensible, en un problema de la Justicia en esta Sociedad Democrática que tanto amamos.