Se acaba de publicar en formato electrónico el número 228 de la Revista Iglesia Viva. Se dedica monográficamente al análisis en profundidad y con rigor de un asunto muy actual: el dinero de la Iglesia católica española, lo cual implica mucho más que examinar sus fuentes de financiación. Próximamente se distribuirá en su versión en papel.

En la parte dedicada al tema monográfico, el número consta de tres artículos largos y dos colaboraciones algo más breves. Sus autores son expertos procedentes de diferentes áreas de conocimiento (economía financiera, derecho eclesiástico del Estado, ética de los negocios, teología feminista, teología moral, etc.) y de distintas universidades, tanto públicas como privadas.

El primer artículo, redactado por José Miguel Rodríguez (economista, profesor de la Universidad de Valladolid), constituye un intento de ofrecer una radiografía de un sistema económico tan complejo como es el caso de la Iglesia española. Con tres niveles de análisis (diócesis, congregaciones religiosas e instituciones eclesiales diversas), el autor subraya la falta de transparencia económica que caracteriza a la Iglesia en casi todos esos niveles, aportando ejemplos detallados. Aprovecha para hacer notar que, en contra de lo manifestado por diferentes portavoces episcopales y hasta—en cierto modo—por el Gobierno, técnicamente no cabe afirmar que la asignación tributaria recientemente incrementada y prorrogada sine die sea una vía de “autofinanciación” de la Iglesia. En un segundo momento, pasa a analizar específicamente la utilización del dinero dentro de la Iglesia, vertiente en la que de nuevo es difícil encontrar datos públicos y de fácil acceso. No obstante, a la vista de lo que se puede conocer de modo objetivo y con ejemplos concretos (así, las carteras de acciones de las SICAV eclesiales), surgen fuertes interrogantes éticos acerca de la naturaleza y destino de algunas de las inversiones eclesiales. Todo esto lleva finalmente a sugerir una reorientación de la economía eclesial, para facilitar información completa y fiable, reforzar la verdadera autofinanciación, redefinir los criterios de inversión teniendo en cuenta elementos éticos y de rentabilidad social, dar entrada a expertos gestores más orientados en esta última dirección, etc.

El segundo artículo, original de Alejandro Torres (jurista, profesor de la Universidad Pública de Navarra), aporta un pormenorizado análisis de los sistemas internacionales de financiación de las confesiones religiosas. Alude a los casos de Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos. Para cada uno de estos países, el autor resume con claridad las vías de financiación directa y los regímenes fiscales aplicados. Termina con una propuesta concreta para España: fijar un plazo temporal para el mantenimiento del modelo de asignación tributaria, desembocando más tarde en la plena independencia económica de la Iglesia Católica, de modo que ésta se financie exclusivamente a través de donaciones. Dichas donaciones gozarían de las oportunas deducciones fiscales. Tal sistema de podría generalizar a las restantes confesiones religiosas. Según el autor, el mantenimiento con carácter indefinido del acuerdo a que se ha llegado recientemente entre la Iglesia católica y el Gobierno reflejaría una cierta confusión entre funciones estatales e intereses religiosos, que supondría un menoscabo del principio de separación Iglesia-Estado.

El tercer artículo, aportado por Ángel Toña (economista, profesor de la Universidad de Deusto), parte de tres experiencias personales muy concretas, para luego proponer alternativas generales desde la perspectiva de una comunidad eclesial “auténtica”, es decir, que haga un esfuerzo de reflexión sobre el “deber ser” en los asuntos de la economía de nuestras Iglesias. No sólo reflexiona sobre las fuentes de recursos de la Iglesia, sino también acerca del destino o aplicación de los mismos y en torno a los criterios que deben conformar toda la gestión y administración económica eclesial. Con su experiencia como actual presidente de FIARE (Fundación para la Inversión y el Ahorro Responsable), sugiere: (1) crear comisiones económicas compuestas por profesionales orientados a la vez hacia la eficiencia (rentabilidad) y la equidad (justicia); (2) redactar criterios de comportamiento económico bajo la forma de códigos éticos de conducta, como expresión de una cultura propia de la organización eclesial en términos de ética y responsabilidad social; (3) elaboración, aprobación y puesta en práctica de códigos de buen gobierno, que garanticen la transparencia económica y el cumplimiento de los criterios previamente establecidos.

El presente número de Iglesia Viva se completa con un trabajo de Isabel Matilla (economista, experta en teología feminista, miembro del Instituto de Teología y Pastoral de Bilbao), que ofrece una perspectiva de género sobre el dinero en la Iglesia, basándose en la economía y la teología feministas. Y otro trabajo, aportado por el jesuita José María Castillo (profesor de la Facultad de Teología de Granada), donde se recoge una seria reflexión crítica en torno a la administración económica de los bienes de los propios jesuitas, sugiriendo algunas pistas para poner en marcha otras alternativas.