El pasado domingo El País publicó este interesante DEBATE sobre el tema que más está atrayendo nuestra atención últimamente. La opinión de Manuel de Castro es importante pues es el Secretario General de la FERE (Religiosos en la Enseñanaza). Y la de Reyes Mate por ser destacado filósofo, autor de un libro EpC y haber tenido responsabilidades de gobierno en Educación.

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Un camino desacertado para la educación en valores

Por MANUEL DE CASTRO BARCO

Hoy existe gran preocupación en la sociedad por la aparición, cada vez más numerosa, de casos de violencia juvenil dentro y fuera de las aulas. Desde diferentes instancias educativas detectamos una pérdida de valores morales entre la juventud, puesta de manifiesto en conductas antisociales que no nos dejan indiferentes. De ahí la mayor necesidad de educar en valores y de comprometer a todos en este empeño.
Es evidente que la tarea de educar a los hijos es un derecho primordial de los padres, pero no lo es menos que ellos solos no pueden acometerla con éxito. Hoy no pocas familias parecen especialmente desbordadas por la educación de sus hijos y precisan, más que nunca, de la colaboración de la escuela.
La Unión Europea ha detectado con inquietud la aparición de las conductas antisociales antes citadas y de una especie de desencanto e indiferencia frente a los valores democráticos. Ésta es la razón por la que los Estados miembros tomaron el compromiso de incorporar la educación cívica en las escuelas.
Nuestros centros educativos católicos han mostrado siempre un gran compromiso con la educación en valores; también con los valores cívicos que han venido trabajándose a través de los ejes transversales, de las tutorías y de todas las actividades del centro, incluso de aquellas aparentemente neutras como el deporte, el teatro, la música, etcétera. En nuestros días, nadie se atreve a poner en duda el derecho y la capacidad de la escuela para transmitir valores morales; más bien nos lamentamos de su escasa incidencia en la vida del alumnado frente a otros competidores mucho más poderosos y seductores.
El actual Gobierno decidió que la mejor manera de acometer el compromiso europeo antes citado era introducir en el sistema educativo una nueva asignatura dedicada a la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. El desarrollo de los acontecimientos está poniendo de manifiesto que el camino elegido no ha sido el más acertado. Y esto, por varias razones. En primer lugar, por la enorme polémica que ha suscitado una cuestión tan delicada como ésta, que precisaba de un consenso generalizado; en segundo lugar, porque la educación en valores no es tanto una cuestión de saberes y de conocimientos, cuanto primordialmente de actitudes, convicciones, testimonio de vida y de razones para sustentarlos.
¿No hubiera sido mejor mantener la actual asignatura “Ética” de 4º de la ESO, haber distribuido los contenidos teóricos referentes a derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas en otras asignaturas ya existentes, y haber potenciado la acción tutorial? Esta solución tenía la ventaja de que la Ética no había sido cuestionada, ni en la LOGSE ni en la LOCE. Además, los temas morales encontraron en esta última un planteamiento más sistemático y científico del que tienen ahora en Educación para la Ciudadanía. Por todas esas razones, Escuelas Católicas se ha manifestado siempre disconforme con la implantación de la materia de Educación para la Ciudadanía, y así lo puso de manifiesto con su voto en contra de la asignatura en el Consejo Escolar del Estado.
No obstante, una vez que la LOE fue aprobada por el Parlamento y su impartición era obligatoria para todos los centros, consideramos que lo más razonable era intentar que sus contenidos fueran respetuosos con las convicciones morales de todas las familias. En esta tarea nos embarcamos. En todo caso, conscientes de los derechos que nos otorga el artículo 27 de la Constitución y los instrumentos que la misma LOE pone a disposición de todos los colegios, vamos a desarrollar y concretar esta asignatura de manera que se imparta en total coherencia con el carácter propio de los centros católicos. Además, cuidaremos la selección de los libros de texto y la formación del profesorado que la imparta. Por todo ello, vemos innecesaria la presentación de la objeción de conciencia en nuestros centros, aunque no pondremos obstáculo alguno a quienes libremente decidan hacerlo. En este sentido, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a los padres de nuestros alumnos.
Sin embargo, en los centros públicos, obligados a la neutralidad ideológica, puede darse el caso de que alguien pretenda adoctrinar en valores morales no compartidos por todos, convirtiéndose en plataformas para la difusión de ideologías legítimas, pero particulares. En este caso, apoyaremos las medidas que los padres adopten en defensa de sus derechos.
El crispado debate social que se está produciendo muestra bien a las claras la polarización actual de la sociedad española y la poca voluntad de acuerdo que preside la política. Se aprobaron leyes sociales fuertemente cuestionadas y ahora se implanta una nueva asignatura con contenidos que afectan a la moral personal, sin haber alcanzado un acuerdo generalizado sobre los mismos. Creemos que es posible y conveniente acordar una serie de valores morales compartidos a desarrollar en la escuela y que ello sería una contribución inestimable al bien común de toda la sociedad.
Pero no todo es negativo en este debate. Se ha producido un loable despertar de la preocupación de los padres por la educación religiosa y moral que sus hijos puedan recibir en la escuela. Es lógico que quieran protegerles contra posibles adoctrinamientos, del signo que sean. Pero al mismo tiempo es necesario que estén atentos a la influencia que otras instancias, como los medios de comunicación social, Internet, etcétera, están ejerciendo sobre sus hijos. En la actual sociedad plural y globalizada es casi imposible controlar la información que reciben nuestros jóvenes. La mejor manera de protegerlos es dotarles de un bagaje de instrumentos para ser ellos mismos, entre los que cabe destacar la formación en el espíritu crítico.

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Creyentes y ciudadanos

Por REYES MATE

Soy autor de un libro dedicado a los profesores de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Lo he hecho pensando que ejercía el noble arte de la ética política, así que debería asombrarme del comunicado de los obispos que descalifica esa incursión como atentado a derechos de los padres. Pero no me asombro porque fue lo mismo que dijeron sobre el divorcio y la LODE, aunque los protagonistas fueran el hábil Tarancón, el bueno de Díaz Merchán y, ahora, el duro de Rouco.
La Iglesia española tiene un esquema mental con el que mide la relación de la política con la moral y es ésta: existe un derecho natural que tiene sus principios establecidos sobre lo que es bueno y malo en la vida privada y pública. Como su representante en la tierra es la Iglesia católica, hay que atenerse a ésa cuando se legisle sobre el particular. Este supuesto va cambiando de piel: ya no se habla de derecho natural sino de un “derecho originario e inalienable”; ya no se presenta la Iglesia como garante del mismo, sino que se le atribuye “a los padres y a la escuela” (privada); ya no afecta a toda la vida social, sino sólo a la familia y a la sexualidad.
Los números 11 y 12 de la declaración del pasado 21 de junio son fiel reflejo de esta teoría. Suena la alarma cuando constatan que la citada asignatura pretende “la formación de la conciencia moral de los alumnos”. Eso es una grave lesión “al derecho originario e inalienable” de los padres y de las escuelas privadas (las publicas tienen que ser ideológicamente “neutrales”), únicos habilitados para “elegir la formación moral que deseen para sus hijos”. La LOE, al no respetar estos principios, permite que el Estado “suplante a la sociedad como educador de la conciencia moral”, con lo que la formación moral degenerará en adoctrinamiento.
¿Pretende la nueva asignatura formar la conciencia del alumno? Claro que sí, pero sólo en lo que afecta a sus derechos y deberes ciudadanos. ¿Puede el Estado, es decir, los representantes del pueblo, legislar sobre asuntos de convivencia de una manera distinta a como lo plantearía ese famoso derecho natural gestionado por la Iglesia? Es evidente que puede. Lo reconoce el propio documento cuando lamenta que Educación para la Ciudadanía no se haya limitado a explicar la Constitución y los Derechos Humanos. Se puede hablar de tolerancia, de ciudadanía, de responsabilidad, de paz y reconciliación, de la pobreza en el mundo y del medio ambiente. Eso forma parte de la moral pública y hablar de eso no parece que atente “al derecho originario”. Se puede hablar de ello sin peligro de adoctrinamiento porque la educación cívica no significa que se hable de sus temas sin sentido crítico. Se puede criticar la democracia realmente existente desde lo que Aranguren llamaría “la democracia como moral” y los derechos humanos tienen flancos muy vulnerables. Eso forma parte de la famosa “libertad de enseñanza” que no es sólo el derecho a crear centros privados con ideario religioso, sino también libertad de cátedra en la escuela pública y en la privada. El respeto al sentido crítico consolida la convivencia más que cualquier apología.
Reconozcamos que aquí la Iglesia ha dado un paso adelante. No están tan lejos los tiempos en los que la Iglesia condenaba la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, el liberalismo, la democracia y hasta perseguía los derechos humanos; y más cercanos, en los que no había más moral pública y privada que la suya. Como suele decir el teólogo alemán Johan Baptist Metz “no hay un solo valor moderno que no haya sido desacreditado por la Iglesia”, aunque muchos de ellos han salido del seno del cristianismo.
El problema es la familia y la sexualidad, último reducto de un imperio temático venido a menos. El alumno puede oír juicios sobre el matrimonio gay que no concuerden con lo que le digan en clase de religión católica. ¿Justifica esta disonancia le negación de la asignatura? Desde luego nada impide que, en nombre de la libertad de cátedra, un profesor de la escuela pública critique esa figura y otro, de la privada, la elogie. Lo importante es que se conozca esa modalidad jurídica y se la pueda juzgar libremente.
Esta confrontación entre Iglesia y Gobierno por una asignatura semejante no la han dado los franceses ni los alemanes, sin duda porque tienen otra idea del lugar de la religión en democracia. Resulta difícil imaginar a un obispo francés diciendo que no se pueden defender los derechos republicanos en una escuela católica o exigiendo “neutralidad ideológica” en la escuela pública. La diferencia es que mientras en el país vecino el republicanismo forma parte de la cultura general, aquí la versión escolástica del derecho natural es residual. Eso explicaría por qué la Iglesia francesa es socialmente tan influyente, pese a la rigurosa laicidad del Estado, y aquí cada vez lo es menos, pese a la complaciente “aconfesionalidad” del Estado español.
Se equivoca gravemente la Iglesia española si mide su presencia social por el eco que encuentra en un partido político. Ese eco es ruido y la triste verdad es que cada vez interesa menos su discurso a los creyentes, también a los de ese partido, y al conjunto de la sociedad española. Es verdad que no corren tiempos favorables a la lírica, pero se echa de menos una voz que despierte lo mejor de una tradición tan fecunda como la cristiana que es algo más que familia y sexo.